e

                               

Le ofrece material para vuestra toma de conciencia en la

 

defensa de la Ecología de nuestro planeta.

¿Y nosotros los ciudadanos porteños que hacemos?


M i r e  B u e n o s  A i r e s

 

 

Delivery de cáncer.

Del agricultor

a nuestra mesa.

 

Investigación de

 

Mire Buenos Aires-ecología.

 

Sobre alimentos transgénicos, herbicidas y plaguicidas, utilizados en los campos de nuestro planeta y

particularmente en Argentina.

MÁS INFO>


N u e v o

 

Delivery de Cáncer: más pruebas que el Glifosato en letal.

 

 

 Veneno certificado.

 17-ago-2010.

 Una publicación internacional certifica  

 la investigación del argentino Andrés

 Carrasco sobre el glifosato, produce

 malformaciones en embriones y sus

 efectos alertan sobre las

 consecuencias en humanos.

 

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Con el apoyo de

Cristina Fernandez

de Kirchner...

 

Monsanto y sus inmundos trangenicos, su Rondoud o glifosato, junto con los terratenientes del campo argentino, están contaminando el aire que respiramos, nuestras tierras y nuestros alimentos ¿queda claro?

 

Botnia y su inmunda pastera, esta contaminando el aire que respiramos y el agua que bebemos del Río Uruguay y el Río de la Plata ¿que claro?

 

 

 

 

 

 

 

 

C o n t e n i d o s  agosto-septiembre 2010 - Títulos

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Buena noticia para la ciudad de Buenos Aires.

Fabricantes de Pilas se hacen cargo de desechos peligrosos. 1.9.10.

La empresa Procter & Gamble S.A.,importadora de pilas y baterías Duracell, se hará responsable de las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad.

También se sumo a esta iniciativa Energizer Argentina S.A.  Greenpeace celebró el compromiso y el éxito de la campaña. MÁS INFO>


Delivery de Cáncer: más pruebas que el Glifosato en letal.

Veneno certificado. 17.8.10.

Una publicación internacional certifica la investigación del argentino Andrés Carrasco sobre el glifosato, produce malformaciones en embriones y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. MÁS INFO>


En 2009 La presidenta Cristina Fernández vetó la Ley de Protección de Glaciares. Confirmando que su veto a la ley de glaciares era el veto de la Barrick Gold, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al capo de la minera canadiense, Peter Munk.

A pesar de ello, diputados insiste con el proyecto y aprobó media sanción. 10.8.10.

Diputados aprobó el proyecto de ley de protección de glaciares acordado entre Bonasso y Filmus. Ahora pasa al Senado. MÁS INFO>


¿Para cuando limpiamos el Riachuelo?

La Corte ordenó apurar la limpieza del Riachuelo. 10.8.10.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este martes apurar la limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo y multar a los funcionarios públicos responsables que incumplan con las obligaciones encomendadas. MÁS INFO>


Botnia contamina el río Uruguay.

Reportaje a Inés Camilloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera, e Irina Izaguirre, doctora en Ciencias Biológicas. 26.7.10.

“Puede haber episodios de contaminación severa”

Las dos científicas participaron del informe técnico que se presentó ante la Corte de La Haya por el conflicto por la pastera. Estudiaron la situación del aire y el agua y los posibles efectos de la instalación de la planta. MÁS INFO>


>  BLOQUE DE NOTICIAS FOCO. Julio.agosto.10.

> EMPRESAS PETROLERAS CHINAS AVANZAN EN SALTA.
> CONTINÚA LA VIOLENCIA EN ANDALGALÁ CONTRA 

   LUCHADORES SOCIALES.
> EL PELIGRO DEL RETORNO DE LA MINERÍA A CIELO

   ABIERTO EN CÓRDOBA.
> MARCHA DE COMUNIDADES MAPUCHE TEHUELCHE 

   CONTRA LA MEGAMINERÍA.
>
CHACO: PRIMEROS DATOS OFICIALES POR CONTAMINACIÓN DE AGROTÓXICOS.
> MUERTES LUEGO DE FUMIGACIONES EN PUERTOS SANTAFESINOS. MÁS INFO>



> ANTERIORES

Botnia contamina vs. El pueblo de Gualeguaychú.

Ahora más sabemos, de quien es quien.

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pilas

Buena noticia para la ciudad de Buenos Aires.

Fabricantes de Pilas y baterías se hacen cargo de desechos peligrosos.

 

> Procter & Gamble S.A., importadora de pilas y baterías Duracell, se hará responsable de las 10 toneladas de pilas.

 

Buenos Aires.

 

30 de agosto de 2010

 

La empresa Procter & Gamble S.A.,importadora de pilas y baterías Duracell, se hará responsable de las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad. Greenpeace celebró el compromiso asumido por la empresa pero ahora exige que Energizer Argentina S.A., entre otras importadoras, siga el ejemplo y participe de esta responsabilidad compartida.

Greenpeace celebró hoy el compromiso asumido por la empresa Procter & Gamble, importadora de pilas y baterías Duracell, de hacerse responsable de las 10 toneladas de pilas recolectadas y acopiadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado. Mediante una carta dirigida a la organización ambientalista, los representantes de Duracell manifestaron estar dispuestos a hacerse responsables con sus recursos y conocimientos para buscar una solución ambientalmente adecuada al problema.

> Energizer Argentina S. A. también se hará cargo de las 10 toneladas de pilas de la Ciudad.

1 de septiembre de 2010

Greenpeace destaca la importancia de que las empresas fabricantes de pilas muestren voluntad para responsabilizarse de los residuos de sus productos.

Tras una campaña pública de Greenpeace, la empresa Energizer Argentina S.A. se hizo responsable de las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Días atrás, y también por demanda de la organización ambientalista, la empresa Procter & Gamble, importadora de pilas y baterías Duracell, asumió el mismo compromiso.

Greenpeace celebró hoy el compromiso asumido por empresa Energizer SA de hacerse cargo la gestión ambientalmente adecuada de las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad. En una carta dirigida a la organización ambientalista y al Gobierno de la Ciudad, la empresa manifestó la disposición de hacerse cargo del costo de la totalidad de las pilas recolectadas. El lunes pasado, la empresa Procter & Gamble, importadora de pilas y baterías Duracell, había sumido el mismo compromiso.

Greenpeace inició un mes atrás una campaña en vía pública y en Internet, destinada a exigir a todas las empresas importadoras de pilas y baterías que se responsabilicen de las 10 toneladas de pilas y baterías acopiadas por el Gobierno de la Ciudad y las exporten para su reciclado. La primera de las empresas a la que Greenpeace dirigió su reclamo fue Duracell y fue seguida por Energizer, marcas que dominan el mercado de las pilas primarias en Argentina.

“El compromiso asumido por las empresas es muy importante ya que dará una solución definitiva al destino y tratamiento de las 10 toneladas de pilas recolectadas y acopiadas por la Ciudad”, señaló Yanina Rullo, de la Campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace, “además es muy importante que las empresas productoras o importadoras de esta clase de productos comiencen a hacerse responsables de sus residuos tal cual sucede en otros países del mundo, agregó.

De la campaña de Greenpeace participaron más de 100 mil personas que enviaron e-mails a las empresas, reclamando que las marcas se hagan responsables de las pilas de la Ciudad, además de cientos de activistas que replicaron la demanda a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y Sonico.

La Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (APRA), lanzó en 2008 una campaña de recolección de pilas y baterías en dos etapas. La primera, a cargo del Gobierno de la Ciudad, llamaba a los vecinos a desechar sus pilas primarias (comunes) en los Centros de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) para luego ser gestionadas por el propio Gobierno de la Ciudad. En la segunda etapa, y mediante la Resolución 262 de finales de 2008 la APRA convocó a las empresas importadoras de pilas recargables a hacerse cargo, mediante planes voluntarios, de la recolección diferenciada, transporte, acopio y tratamiento de las pilas recargables en todo el ámbito de la Ciudad. 

El resultado de la primera etapa de campaña de la APRA fue la recolección de 10 toneladas de pilas primarias. El Gobierno de la Ciudad intentó en primera instancia destinar estas pilas a un relleno de seguridad en la provincia de Córdoba pero, por presión de los vecinos que rechazaron este envío, no pudieron disponerse allí. Luego, y conflicto político mediante, la APRA tampoco pudo enviar las pilas a rellenos de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Según Rullo, “desde Greenpeace cuestionamos en un principio el Programa de la APRA, porque consideramos que son las empresas importadoras las que deben encargarse de darle la mejor gestión y tratamiento a los residuos de sus propios productos”. “Resolver de manera correcta, es decir con las empresas involucradas el destino de estas 10 toneladas de pilas acopiadas, es un gran primer paso dado mientras esperamos que se sancione la Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que está siendo tratada en el Senado”, agregó.

Greenpeace impulsa a través de un proyecto de ley nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – entre ellos pilas y baterías agotadas-  el principio que establece la Responsabilidad Extendida del Productor para que la población, a través de sus impuestos, y los gobiernos locales dejen de ser los responsables de administrar la contaminación de los dispositivos eléctricos y electrónicos, y pasen a ser quienes colocan estos productos en el mercado los responsables de su recolección, acopio y tratamiento. 

“Resolver el caso de las 10 toneladas de pilas recolectadas por la Ciudad es un paso muy importante que sienta un buen precedente. Pero debemos tener en cuenta que las pilas y baterías junto con el resto de los aparatos eléctricos y electrónicos se encuentran hoy en una zona gris con respecto a la legislación vigente en materia de residuos. Por un lado corresponden a los residuos domiciliarios porque surgen del flujo habitual de los residuos domésticos, pero por el otro cumplen con los criterios de residuos peligrosos, por sus componentes”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace.

“Es necesario que, para este tipo de residuos, se establezca el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que amplía la responsabilidad legal y financiera de los fabricantes e importadores una vez finalizada la vida útil de estos artefactos”. La solución al problema de las 10 toneladas de pilas del Gobierno de la Ciudad es un primer paso, para dar una solución definitiva al problema en todo el país es necesario el urgente tratamiento de una ley nacional de residuos electrónicos”, concluyó Testa.

Fuente: Greenpeace Argentina.

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M i r e   B u e n o s  A i r e s  - E c o l o g í a


 

La Corte ordenó apurar la limpieza del Riachuelo y multar a funcionarios que no cumplan.

10 de agosto de 2010. Fuente: Agencia de noticias del poder Judicial.

Advirtió incumplimientos injustificados del fallo del 2008 donde ordenó el saneamiento integral de la cuenca. Encomendó al juez de Quilmes adoptar las medidas necesarias para su “inmediato” cumplimiento y sancionar a responsables en caso de incumplimiento.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este martes apurar la limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo y multar a los funcionarios públicos responsables que incumplan con las obligaciones encomendadas.

En la resolución, el Máximo Tribunal señaló que en el caso dictó sentencia el 8 de julio de 2008, donde resolvió de modo definitivo las pretensiones —tramitadas en esta causa— que tuvieron por objeto la prevención y recomposición ambiental de la cuenca "Matanza-Riachuelo", cuya ejecución atribuyó a la competencia del Juzgado Federal de Quilmes.

“Que en la referida sentencia esta Corte determinó que la autoridad obligada a la ejecución del programa y responsable de su cumplimiento oportuno, es la Autoridad de Cuenca contemplada en la ley 26.168”, destacó.

Al respecto, advirtió que “transcurridos dos años desde ese pronunciamiento, y a pesar de los continuos requerimientos efectuados por el juez delegado, se advierten incumplimientos que no han sido debidamente justificados, circunstancia que obliga a esta Corte Suprema a encomendar al referido magistrado que adopte las medidas necesarias para el inmediato y eficaz cumplimiento de la sentencia”.

Y agregó que “todas estas medidas deberán ser puestas en ejercicio por el juez delegado para la ejecución de la sentencia, investido por esta Corte de atribuciones suficientes para la aplicación de las sanciones pecuniarias que considere adecuadas en orden a la gravedad de los incumplimientos verificados, las que se harán efectivas en la persona del Presidente de la Autoridad de Cuenca y de los demás funcionarios involucrados por mandatos específicos y determinados”.

Fuente: http://www.cij.gov.ar/nota-4682-La-Corte-ordeno-apurar-la-limpieza-del-Riachuelo-y-multar-a-funcionarios-que-no-cumplan.html

 

 

¿Para cuando limpiamos el Riachuelo?

 

Macri, Scioli, Fernández de Kirchner:

 

No somos sólo los terroristas de Mire Buenos Aires

 

que les exigimos:

 

L a  l i m p i e z a   d e l   R i a c h u e l o

 

Ahora se suma la Corte Suprema...

 

 

Una fotografía de la Cuenca Matanza Riachuelo alcanza para saber

que gracias a la desidia de las autoridades no hemos podido

avanzar el su saneamiento, más allá de las promesas.

 

 

 

 

 

 

 

       

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M i r e   B u e n o s  A i r e s  - E c o l o g í a



Cambio climático

Cambio climático:

Ahora más sabemos, de quien es quien.

Informe realizado por la producción de Mire Buenos Aires Ecología.

Nota de opinión:  El único perdedor fue el planeta.

Por Edgardo Colombo Semino. 20 y 21 de abril de 2010.

 

> Cristina Fernández querella a parte del pueblo Argentino.

 

> La reacción de los vecinos de la asamblea ciudadana de Gualeguaychú.

 

   Nota de Opinión:

 

> El único perdedor fue el planeta.

    Por Edgardo Colombo Semino

> Respuesta de el Pueblo de Gualeguaychú a el espurio fallo de la Corte de Haya.

> La Corte de La Haya dictaminó que Uruguay incumplió el tratado y que la Argentina no pudo comprobar la contaminación.


Cristina Fernández querella a parte del pueblo Argentino.

 

Mientras que el matrimonio presidencial, le chupa las medias al imperialismo norteamericano, la misma "fem" presidenta, es parte querellante en contra del  pueblo de Gualeguaychú y la asamblea ciudadana, cometiendo traición a la lucha contra la contaminación del Río Uruguay y la responsable, Botnia.

"Yo soy el primer piquetero", expresó Néstor Kirchner en el discurso pronunciado por él, en su visita a Gualeguaychú.

Reflexión de M`BA Ecología:

Entonces con esta actitud del Gobierno, el esposo de la presidenta Fernández será el primer imputado en la futura causa.

El decreto firmado por Cristina, esta basado en una idea del ex dictador Ongania, muy democrático de su parte.


El ejecutivo anunció que denunciará en forma civil y penal a los asambleístas que cortan el puente en Gualeguaychú.

“Después de La Haya, hay que darle un corte a la situación”.

10 de junio de 2010 - Fuente Pagina 12.

En un giro a su postura en este caso, el Gobierno anunció que se presentará como querellante en la causa abierta por el corte de ruta y denunciará a los manifestantes. Los asambleístas dijeron sentirse “traicionados”.

Por Martín Piqué

“Es preciso dar un corte definitivo a la situación luego del fallo de La Haya y no permitiremos que nadie se arrogue el derecho de desconocerlo.” La advertencia de tono marcial que pronunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, (Añadimos: que lo vemos en la imagen haciendo campaña por Carlos Menem Presidente) desde el Salón Sur de la Casa Rosada fue anticipo de lo que se venía. En un giro en su política ante el corte en Gualeguaychú, el Gobierno decidió presentarse como querellante en la causa abierta contra los asambleístas que bloquean el puente internacional. La presentación del Ejecutivo ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay tiene la forma de una denuncia penal contra los principales dirigentes de la Asamblea Ambiental, a quienes se imputa con nombre y apellido por una sucesión de figuras penales que, leídas una detrás de la otra, producen el efecto buscado: impactar. La querella incluye también una denuncia civil contra los responsables de la Asamblea. Eso significa que, si el juez llegara a disponerlo, los imputados deberán responder con su patrimonio por los perjuicios que pudiera haber generado el corte. Los asambleístas dijeron sentirse “traicionados y agredidos” por la actitud tomada por el Gobierno.

Fernández ingresó al salón secundado por el ministro de Justicia, Julio Alak, cerca de las 18.30. Para entonces ya había trascendido que el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, jefe de los abogados que representan al Estado, había tomado un avión para presentarse ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. El objetivo del viaje relámpago era pedir que el Ejecutivo fuera aceptado como parte querellante en la causa contra los ambientalistas. Pero el vuelo no pudo aterrizar, por lo que Da Rocha tuvo que viajar luego, pero por tierra. La querella finalmente fue presentada en el juzgado ya avanzada la noche, a las 22.

Al mediodía, Da Rocha había estado en la quinta de Olivos. La presidenta Cristina Kirchner había tenido una larga serie de reuniones: Da Rocha, Fernández, Alak y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, desfilaron por Olivos. El informe de Fernández en el Salón Sur comenzó con una explicación de por qué el Gobierno había decidido no limitarse a notificar a los ambientalistas que estuvieran en el corte del fallo del juez Gustavo Pimentel. “No tiene sentido notificar a quienes han decidido que no se van a notificar”, argumentó el jefe de Gabinete.

Hasta ayer al mediodía la idea del Gobierno era que un grupo de oficiales de la Gendarmería se presentaran en el corte, que ya lleva tres años y siete meses, sobre la ruta 136, en el paraje Arroyo Verde, y que allí notificaran a los ambientalistas que la Justicia federal había resuelto que se garantizara el derecho a la libre circulación. Una vez notificados –para lo cual hay que firmar una cédula judicial–, los ocupantes del puente debían ser identificados por el personal de Gendarmería. Eso podría haber generado una situación tensa, aunque lejos de lo que significaría un operativo represivo para liberar la ruta. “El Gobierno ha tenido paciencia. No tiene vocación de reprimir, no va a reprimir”, subrayó el jefe de Gabinete. “No podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer un fallo internacional, pero no se reprimirá”, insistió luego.

Los delitos por los que el Gobierno denunció a los ambientalistas son: entorpecimiento de transporte, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, homicidio culposo, apología del delito, entre otros. “Les tiraron el Código Penal por la cabeza”, fue la reacción que se escuchó entre quienes cubrían la aparición de Fernández y Alak. De los delitos que enumeró Fernández causó sorpresa la inclusión de la figura de homicidio culposo. Esa tipificación fue incluida por el accidente fatal de Walter Maulucci, bonaerense de 33 años que se estrelló con su moto marca Motomel cuando se trasladaba desde Fray Bentos hacia Buenos Aires. Maulucci chocó contra el acoplado que usan los ambientalistas para ocupar el puente. Sucedió el domingo 26 de abril de 2009. Era de noche y, según la Gendarmería, había mucha niebla.

Los funcionarios aclararon por adelantado que no responderían preguntas. El jefe de Gabinete también deslizó algunas críticas al fallo de Pimentel. “No hemos tenido una decisión judicial contundente. Este tipo de decisiones elípticas son de cumplimiento imposible”, dijo Fernández.

A la hora de defender la estrategia adoptada por el Gobierno, Fernández destacó la importancia que tenía la resolución de la Corte Internacional de La Haya y recordó que ambos países se habían comprometido a respetarla. “Es absolutamente necesario cumplir con lo dictado por un tribunal internacional. Ambos países se comprometieron a cumplir el fallo. Esto (por el mantenimiento del corte) constituye un alzamiento contra la decisión internacional”, advirtió. Fernández no se privó de caracterizar con duros términos el accionar de los vecinos de Gualeguaychú. “Han tenido actitudes radicalizadas y en algunos casos violentas. Ya han adelantado que no piensan cumplir con el fallo”, dijo Fernández, quien luego usó la palabra “contumaz” para definir la modalidad de protesta.

Los asambleístas ayer cuestionados fueron los mismos que acompañaron a Néstor Kirchner en el acto masivo del 4 de mayo de 2006 en Gualeguaychú. “Tenemos razón, el derecho está de nuestro lado. Esta es una cuestión ambiental que atañe a toda la Nación”, dijo ese día Kirchner. En respuesta a esos antecedentes, el Gobierno sostiene que el fallo del Tribunal de La Haya modificó el escenario. “En ese momento todavía estaba en curso una acción judicial superior, a nivel internacional. Hoy eso se terminó”, argumentó ante Página/12 un funcionario que viene siguiendo el tema.

Fernández prometió también que, más allá de las denuncias penal y civil presentadas, el Gobierno seguirá manteniendo el monitoreo del río Uruguay. “La política de medio ambiente sólo puede preservarse si nos hacemos responsables de la calidad de las aguas, de las mediciones en todos los ámbitos y del seguimiento de las acciones que deben ser resueltas en el marco de la inteligencia y de un análisis serio y responsable. Vamos a garantizar a nuestros habitantes que no hay contaminación que ponga en riesgo la vida de los argentinos”, aseguró. En ese punto, relacionado con el monitoreo conjunto del río que ordenó el Tribunal de La Haya en su fallo, el jefe de Gabinete hizo una revelación que pasó algo desapercibida: aseguró que el mantenimiento del corte impedía el monitoreo conjunto.

Poco después, Página/12 escuchó de uno de los ministros que viene interviniendo en este tema el trasfondo de la puja con Uruguay. “Aunque no lo haya dicho en público, el gobierno uruguayo nos planteó que hasta que no se levante el corte del puente no avanzarán con el monitoreo conjunto”, fue la versión del funcionario. También confió cuál había sido el análisis del conflicto que había llevado al Gobierno a modificar su estrategia. Como se dijo, la idea primigenia era cumplir con el fallo de Pimentel notificando a los ocupantes del puente. “Cada ambientalista tiene una lista de celulares a los que llamar de urgencia, eso hubiera reunido a varios miles en pocas horas. El puente tiene nueve kilómetros, si vos querés garantizar que no lo corten en ningún punto tendrías que disponer de la totalidad de los efectivos de Gendarmería.”


Respuesta de el Pueblo de Gualeguaychú a el espurio fallo de la Corte de Haya.

 

 

La Corte de La Haya dictaminó que Uruguay incumplió el tratado y que la Argentina no pudo comprobar la contaminación.

Fuente pagina 12

20 de abril de 2010

El presidente en ejercicio de La Corte Internacional de Justicia, Peter Tomka, leyó el fallo acerca de la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos. El tribunal concluyó que Uruguay "violó el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay". A pesar de considerar que la Argentina no aportó las pruebas necesarias para demostrar que hubo contaminación, la Corte instó a las dos partes a velar por el "equilibrio ecológico" de la cuenca del Río Uruguay. Tras argumentar que el río presentaba niveles de contaminación que no fueron alterados por la instalación de Botnia, el tribunal consideró que "no hay motivos para ordenar el cese de la pastera" y que "no habrá compensación económica para la Argentina".

"Al final de este análisis la Corte dice que el Uruguay violó todas las disposiciones desde el artículo 7 al 12 del Tratado del Río Uruguay", señaló. "De los 14 jueces trece se pronunciaron a favor de la Argentina, menos el juez ad hoc de Uruguay", resaltó.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La reacción de los vecinos de la asamblea ciudadana de Gualeguaychú

 

Entre el rechazo y el desconcierto

 

Informe: Gabriel Morini.

 

10 de junio de 2010 - Fuente Pagina 12.


“Nos sentimos traicionados, abandonados y agredidos”, dijeron después de escuchar al jefe de Gabinete. Habían pasado la noche esperando a la Gendarmería, pero se sorprendieron con la denuncia. Hoy manifestarán frente a la Municipalidad.

Desde Gualeguaychú

La furia y la angustia se apoderaron anoche de los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú al escuchar la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que les anunciaba que el Gobierno había decidido formar parte de la querella penal e iniciar una demanda civil, a causa de su resistencia a levantar el bloqueo en Arroyo Verde. Durante una jornada tensa que desde temprano estuvo marcada por las constantes versiones de un operativo puesto en marcha por la Gendarmería para desalojarlos, el día terminó con un golpe para los ambientalistas, del que acusaron recibo. “Nos sentimos traicionados, abandonados y agredidos por nuestro propio gobierno”, aseguraron tras percatarse de la gravedad de la escalada que los ponía ante la incertidumbre de tener que rendir cuentas de manera individual ante la Justicia. “Esto es peor que si nos hubieran mandado a los gendarmes”, se lamentaban. En la mente de ninguno de los activistas existía siquiera la posibilidad de una medida de ese tenor. A última hora de ayer, aún en el kilómetro 28 de la ruta 136 decidieron, reunidos en asamblea, manifestarse hoy al mediodía frente a la Municipalidad para exigir explicaciones al intendente local Juan José Bahillo acerca de la postura adoptada por el Poder Ejecutivo. Un documento en respaldo al accionar de la Asamblea y en respuesta a lo anunciado por el jefe de Ministros se plasmará luego de esa reunión. El levantamiento del corte no fue puesto en cuestión en ningún momento, aunque el futuro judicial de los que durante más de tres años lo llevaron adelante quedó en primer plano.

“Nos sentimos solos y agredidos por nuestro propio gobierno”, apuntó Martín Alazard, uno de los asambleístas que tal vez integre la lista de los señalados por el Gobierno. Fernández “se transformó en el ejecutor de una política represiva”, aseguró al coincidir con varios de los integrantes del espacio en que lo lamentable es que el conflicto por la operatoria de la pastera UPM hubiera quedado al margen. “Hay una persecución judicial”, “es un acto de traición”, afirmaban algunos. Los mismos que apenas culminó la conferencia de prensa en la que se realizó el anuncio y que fue presenciada por un centenar de activistas a la vera de la ruta hicieron blanco con sus insultos en el jefe de Gabinete. De allí en más todo fue nerviosismo y cruces telefónicos con los abogados de la asamblea. Algunos grupos intentaban bromear con la posibilidad de ir presos, otros no podían disimular su angustia al saberse dentro del listado de los posibles demandados. La resignación se adueñó de la mayoría. La asamblea semanal prevista para una hora más tarde en Arroyo Verde fue el epicentro de la catarsis, y allí se oyeron discursos de todos los calibres.

Las últimas horas fueron vertiginosas. Desde la publicación del fallo del juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, los ojos estaban puestos en la forma en la que la Gendarmería llevaría adelante la instrucción. El dedo acusador apuntaba a la agrupación Ciudadanos Movilizados que había logrado con su denuncia devolver el bloqueo en Arroyo Verde a un estado de ilegalidad. Temprano en la mañana el mismo secretario penal del juzgado, José María Barrazza, explicó a Página/12 que a su entender el dictamen era claro en apuntar que se estaba “ante un delito flagrante” –por la continuidad del bloqueo de manera constante– y que “ni siquiera hubiera sido necesario liberar los oficios” a la fuerza de seguridad. En cuestión de horas, la situación cambiaría radicalmente.

La vigilia en la guardia nocturna de Arroyo Verde encontró a la Asamblea Ciudadana en una tensa calma a la espera de la notificación oficial. Lejos de la paranoia de la noche del lunes donde los asambleístas intercambiaron mensajes de texto ante un eventual arribo sorpresivo de la Gendarmería, la guardia nocturna en Arroyo Verde se desarrolló sin sobresaltos. Página/12 pasó la noche junto a los ambientalistas que aguardaban con impaciencia la supuesta llegada de la comitiva que debía comunicarles lo dispuesto por el juez. “Si no nos sacan hoy (por ayer), no nos sacan más”, reflexionaron como para tomar nuevas fuerzas ante la incertidumbre que les generaban las declaraciones del Gobierno acerca de cómo cumplirían con la orden de liberar la ruta sin reprimirlos.

El frío calaba los huesos en el kilómetro 28 de la ruta 136, donde una treintena de activistas permanecieron en vigilia. Algunos soportaron la espera durmiendo dentro de los autos y otros apoltronados en sillas de plástico al calor de una salamandra en el puesto de resistencia edificado en Arroyo Verde. La mayoría intentaba mantenerse despierta a fuerza de rondas de mate, café y bizcochos. En el transcurso de la noche, entraban algunos y salían otros.

Con la televisión a todo volumen clavada en los canales de noticias, la charla se interrumpía para escuchar las noticias cada vez que se mencionaba la situación legal del bloqueo. Los que estaban haciendo crucigramas levantaban la vista y los que salían a fumar un cigarrillo entraban prestos. A modo de respuesta a los titulares de los diarios que consignaban que la Gendarmería liberaría la ruta en las siguientes horas, más de uno desafiaba: “¡Que vengan, que vengan!”. Los hombres de verde jamás llegaron a hacerse presentes en el lugar.

Esas mismas treinta personas aguardaron la llegada de más asambleístas que poco a poco se fueron sumando cuando empezaba a clarear. Al mediodía la concurrencia estaba cercana a las 400 personas que se paseaban charlando y especulando acerca de si finalmente la Gendarmería se haría presente para notificarlos del fallo. Hubo dos falsas alarmas y varias cadenas de mensajes se dispararon a la ciudad para atraer mayor concurrencia. Pasaban las horas y no había noticias ciertas, sólo rumores. Nerviosos, los ambientalistas armaban reuniones privadas en el refugio sin la presencia periodística para delinear estrategias ante los esperados visitantes. Todo ello fue en vano. Cerca de las cinco de la tarde, la asistencia comenzó a mermar. Llegó a circular la información de que ni los oficiales de Justicia se harían presentes en el lugar. Confiados, algunos comenzaban a creer que la “torpeza política” del Gobierno de no haber aprovechado la ocasión de tomar una acción concreta los iba a fortalecer. Minutos después de las 18, cuando dentro del refugio un centenar de vecinos se dispuso a escuchar las palabras del ministro lanzando una contraofensiva judicial, sus caras evidenciaron el desconcierto ante la medida menos esperada.


El único perdedor fue el planeta.

Por Edgardo Colombo Semino.

21 de abril de 2010.

Mi opinión sobre el cambio climático y el fallo de la Corte de la Haya sobre la pastera Botnia instalada en la ciudad de Fray Bentos en la hermana República Oriental del Uruguay, va mucho más allá del conflicto creado por los gobiernos de Uruguay y Argentina, con la única meta de proteger sus respectivos poderes y la opinión vertida por dicha corte internacional en abril de 2010.

En los mismos días que todo el continente europeo se ve arrollado por las cenizas de dos volcanes, creando un panorama de desastre natural tan inmenso en la región y que sus consecuencias son desconocidas por la humanidad hasta el día de hoy. Teniendo en cuenta que la cumbre mundial de Copenhague de hace pocos meses fracaso en todas sus metas, que el país europeo de nombre Holanda también llamado Países Bajos, es el lugar geográfico donde desde hace muchos años se lucha con diques y molinos artificiales para que el océano no lo sumerja bajo sus aguas y que justamente ese país será uno de los más afectados por el derretimiento de los glaciares y el elevamiento de las aguas ya pronosticadas por los más prestigiosos científicos en climatología del mundo, Estos señores jueces que conforman la corte Internacional más importante del mundo perteneciente a Naciones Unidas, dictaminen después de cuatro años de estudios sobre la denuncia de contaminación visual, ambiental y de las aguas del río Uruguay, donde se declararon incompetentes en los primeros dos puntos citados y en la tercera no encontraron pruebas suficientes. Parece una mentira y roza con lo tragicómico. De no ser por la gravedad del hecho. Pero tengamos en cuenta que viniendo de un organismo que se encuentra en la orbita de las Naciones Unidas, no podíamos esperar un fallo coherente en defensa de nuestra tierra y nuestro clima. Teniendo en cuenta que los países que manejan el máximo poder dentro esa institución internacional y por ende manejan el mundo entero, son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, tienen como prioridad el desarrollo del capital monetario y dejan de lado la imprescindible convivencia pacífica de la especie humana con nuestro planeta.

En una parte del veredicto, de los catorce jueces que conforman la Corte de la Haya, se declaró culpable a Uruguay por haber violado el tratado que dicho país mantiene desde el año 1975 con la Argentina. Olvidándose de brindarle algún castigo. Sólo un "chas chas en la cola".

La poca parcialidad y escasa credibilidad que mostró este tribunal se vio reflejada en que esta parte del veredicto contó con trece votos a favor y uno en contra, y justamente el juez que voto en contra, es decir, defendiendo la postura de Uruguay, fue el Juez que representaba al mismo en la corte.

No podían castigar a Uruguay por la violación de un tratado, porque justamente los países miembros del Consejo de Seguridad permanente de Naciones Unidas, antes mencionados, no dejan pasar ni un sólo minuto de sus vidas, sin violar algún tratado: generando guerras, vendiendo armas, enfrentando a otras naciones, poseyendo colonias en el siglo XXl, fabricando bombas nucleares, etc. Entonces quedaba poco agradable el castigar a un miembro de la asamblea general por tan pequeña e inocente actitud.

Por otra parte y teniendo en cuenta que en este fallo se priorizaron los 1100 millones de dólares que invirtió la empresa Botnia, con capitales finlandeses, no por casualidad fuera de Europa, siendo un país justamente ubicado geográficamente en ese continente; Y dejaron de lado el daño que le hace a nuestro medio ambiente ese tipo de industria altamente contaminante, que indudablemente colabora de manera con el recalentamiento global, en verdad no pensaron ni en ellos mismos. En la región donde se ubica el edificio de la Corte de la Haya y en el exacto momento del fallo, se tornaba difícil respirar por la lluvia de cenizas que están emanando los volcanes en erupción. Ellos, sus hijos, sus cónyuges, sus nietos, al igual que todos nosotros que vivimos en este planeta vamos juntos por el peor camino, y somos víctimas del cambio climático, no importa cuan poder o no poseamos. Citando palabras del periodista Walter Martinez de nacionalidad uruguaya y residente en Venezuela, que dice: "Esta es nuestra única y contaminada nave espacial",  podemos llegar a la conclusión que nuestra humanidad esta gobernada por unas damas y unos caballeros que nos están llevando a un final extremadamente trágico. Que prioriza el dinero que como decimos "va y viene", en lugar de los que sería más adecuado, el tener en cuenta que debemos bajar todos los decibeles de emanaciones de calor producidas por las grandes industrias para comenzar a respetar a nuestra Madre Tierra.

Pero no todo esta perdido, y sabemos quien es quien, y por esa razón nosotros estamos en el otro equipo, el que en este momento tomó la iniciativa de obligar a todo el mundo a comenzar de manera urgente con políticas de respeto al clima, a la ecología y a la tierra misma, liderado por Evo Morales, Eduardo Galeano y tantos otros seres que consideramos que sólo hay dos caminos: él del capitalismo industrializado o él de un planeta sano y respetado. ¿usted cuál elige?

 

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En 2009 - La presidente de la República Argentina Cristina Fernández vetó desde el Poder Ejecutivo Nacional, la Ley de Protección de Glaciares que se votó por una unanimidad en Diputados y Senadores.

 

Acordate y mira este terrible video realizado por la ONG Conciencia Solidaria. >>

 

Néstor K regaló el petróleo de nuestra Patagonia.

Las políticas "F y K" contaminan también con la minería a cielo abierto,

la soja transgénica gran parte de nuestro territorio nacional y está construyendo en Río Turbio una mega usina a carbón.

 

Continúa la entrega de nuestros recursos naturales.

Confirmando que su veto a la ley de glaciares, era el veto de la Barrick Gold, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al capo de esa minera canadiense, Peter Munk.

A pesar de ello, diputados insiste con el proyecto y aprobó media sanción.

Diputados aprobó el proyecto de ley de protección de glaciares acordado entre Bonasso y Filmus. Ahora pasa al Senado.

10 de agosto de 2010

El mes próximo se tratará en la Cámara alta. El oficialismo la rechaza pero ya confirmó que no la vetará.

La oposición consiguió girar al Senado el proyecto que prevé la protección de los glaciares, una iniciativa que ya informaron desde el Gobierno no será vetada a pesar de su rechazo a la postura. La iniciativa había sufrido un traspié la semana pasada cuando la Cámara baja no pudo sesionar por falta de quórum.

En el oficialismo confirmaron que si la medida es aprobada en el Senado no será vetada, auque sí manifestaron su descontento con el proyecto. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, indicó que en caso de ser aprobada "acarreará serias complicaciones a las provincias. No lo compartimos. Si se vota, no se vetará. Se promulgará".

La iniciativa busca preservar a los glaciares "como reservas estratégicas de recursos hídricos", aunque genera polémica el punto en que dice que allí se establece sobre el "ambiente periglaciar". Al respecto, se considera área periglaciar a aquella zona de media y baja montaña "con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico".


Los glaciares están retrocediendo en forma alarmante.

Los glaciares están retrocediendo en forma alarmante a causa del cambio climático. A pesar de esto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está construyendo en Río Turbio una mega usina a carbón, la forma de producir energía que más contamina y más cambio climático genera. La solución para detener el cambio climático y salvar los glaciares es dejar de utilizar carbón para producir electricidad y hacerlo con energías limpias y renovables, como la eólica.

www.concienciasolidaria.com.ar/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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› INES CAMILLONI E IRINA IZAGUIRRE, INVESTIGADORAS.

 

› INES CAMILLONI E IRINA IZAGUIRRE, INVESTIGADORAS.

“Puede haber episodios de contaminación severa”

Las dos científicas participaron del informe técnico que se presentó ante la Corte de La Haya por el conflicto por la pastera. Estudiaron la situación del aire y el agua y los posibles efectos de la instalación de la planta.

Por Adrián Pérez. Fuente pagina 12.

Julio de 2010

El Río de la Plata inunda la mirada y se cuela a través del ventanal ubicado en el segundo piso del Pabellón II de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Allí, Inés Camilloni e Irina Izaguirre, investigadoras del Conicet y docentes en esa facultad, reciben a Página/12 para conversar acerca de su participación en el monitoreo del río Uruguay y el informe técnico que presentaron ante la Corte Internacional de La Haya sobre el conflicto por la instalación de la pastera UPM (ex Botnia). Camilloni es doctora en Ciencias de la Atmósfera, investiga en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y estuvo a cargo de la evaluación del componente aire durante el plan de vigilancia ambiental. Izaguirre es doctora en Ciencias Biológicas, trabaja en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución y se encargó del estudio de la componente limnología, con la que buscó determinar si se habían producido cambios en las comunidades acuáticas y en los factores abióticos del río.

–¿Cuándo comenzaron a monitorear el río Uruguay?

Irina Izaguirre: –Antes de comenzar a trabajar con la Secretaría de Ambiente de la Nación, y por pedido de la Municipalidad de Gualeguaychú, hicimos una serie de muestreos en el agua del río Uruguay en 2006, un año antes de que comenzara a operar Botnia. Como no existían estudios actuales en la zona de influencia de la pastera, necesitábamos recabar datos y delimitar una línea de base para marcar un antes y un después en la acción de la pastera.

Inés Camilloni: –En septiembre de 2007 comenzamos a analizar el aire para evaluar cambios en su calidad, la composición química de la atmósfera y observar si Botnia alteraba o no esos registros. Llegamos a tener dos meses de mediciones previos a la puesta en marcha de la planta.

–¿Qué hicieron después de determinar esa línea de base para fijar un “estado de situación” del río Uruguay?

I. I.: –Desde ese momento y hasta que presentamos el informe técnico en 2009 ante (la Corte Internacional de) La Haya, realizamos muestreos bimensuales en los mismos puntos que habíamos analizado en el estudio de base. Analizamos el río aguas arriba de la planta, en la zona de influencia de Botnia y aguas abajo de la pastera. En principio tomamos veinte estaciones de muestreo; luego seleccionamos nueve donde repetimos todos los análisis que habíamos realizado: estudiamos la composición cuali y cuantitativa del fitoplancton, el zooplancton y una serie de factores físico-químicos asociados a esas comunidades, como el contenido de nutrientes, la conductividad, el oxígeno disuelto y otros parámetros importantes que influyen sobre estas comunidades acuáticas. Buscábamos saber si se había producido un cambio en esas comunidades acuáticas y en los factores abióticos del río. El énfasis estaba en determinar si aparecían floraciones de algas tóxicas, análisis que presentamos en el informe final ante la Corte Internacional.

–El 4 de febrero de 2009 apareció una mancha blancuzca de 10 kilómetros en el río, en la zona de influencia de la planta. Inmediatamente se comenzó a hablar de floraciones algales, de cianobacterias.

I. I.: –Así es. Detectamos la más importante floración de cianobacterias durante el período operacional de Botnia, que coincidió con un período de aguas bajas, donde el río estaba en un estado más “arremansado”. Si bien se habían registrado floraciones de estas especies en el río (Microcystis aeruginosa y varias especies de Anabaena), nunca se habían visto en el canal principal en una concentración tan elevada, que constituyó un cúmulo con una densidad de 18 millones de células por mililitro. En el río Uruguay suelen aparecer estas especies de cianobacterias, que son potencialmente tóxicas.

–La Organización Mundial de la Salud indica diferentes niveles de concentración de cianobacterias.

I. I.: –La OMS determina valores según los cuales existe un nivel de vigilancia y tres niveles de alerta. Los valores que encontramos indican un nivel 3, el máximo nivel de alerta. Ese contexto es peligroso no solamente para tomar agua sino también para bañarse porque, en esas condiciones, las células liberan toxinas que pasan al agua y son muy peligrosas para la fauna acuática y el hombre.

–¿Puede atribuirse la presencia de esas toxinas a la actividad de la papelera?

I. I.: –Estas algas existen en el río y en el Embalse de Salto Grande. Por lo general se desarrollan durante el verano. Es muy difícil establecer una causalidad directa con los vertidos de la planta. Muchas veces la aparición de estas especies tiene que ver con un incremento de los nutrientes o una estabilidad de la columna de agua. Un aumento de nitrógeno o de fósforo suele favorecer su presencia. Estas algas migran en la columna de agua, es decir que pueden encontrarse cerca de la superficie o en el fondo, donde acostumbran a tomar nutrientes porque allí su concentración es mayor. Luego pueden migrar hacia la superficie. Con condiciones del río estables y temperaturas elevadas, tenemos un contexto adecuado para que esas algas se desarrollen. Entonces podemos pensar que una planta de las características de Botnia, que incorpora nutrientes al medio en una zona donde el río a veces se comporta más como un lago por sus características hidrológicas (porque el agua está muy estancada en algunos momentos y muchas veces se produce, incluso, un reflujo aguas arriba), podría acelerar el proceso de eutroficación.

–¿A qué conclusiones arribaron con respecto al agua?

I. I.: –Aunque encontramos indicios de cambio, tenemos que tener en cuenta que esas alteraciones se dieron en un período de nueve meses de estudio del funcionamiento de la planta. Se podría pensar que, con el paso del tiempo, los cambios podrían llegar a ser más evidentes.

–¿Cómo trabajaron para analizar el aire?

I. C.: –En primer lugar analizamos las condiciones de la atmósfera en la región para difundir y diluir los contaminantes. Esa es una propiedad intrínseca de la atmósfera, que depende de la dirección y la velocidad que tiene el viento, de cuánto llueve en el lugar, de la radiación que se recibe en una zona, etcétera.

–¿Y qué encontraron?

I. C.: –Lo primero que advertimos fue que la pastera no se había ubicado en un lugar apropiado para el funcionamiento de una industria de esas características. La atmósfera tiene una baja capacidad para diluir los contaminantes en ese sector, porque el volumen de aire en el cual los contaminantes se van a mezclar y transportar es bastante limitado, sobre todo durante el otoño e invierno. En esas circunstancias puede haber episodios de contaminación severa. También evaluamos la calidad del aire antes de que Botnia entrara en funcionamiento. Tomamos muestras en la ciudad de Gualeguaychú, en el balneario Ñandubayzal, en el Puente Internacional, en la estancia La Victoria (frente a Botnia), y en una zona que llamamos “costa Uruguay sur”, considerada como la más afectada por la dirección del viento porque los contaminantes son transportados mayormente hacia allí. Determinamos que las condiciones de calidad de aire eran muy buenas en toda la región antes de la llegada de Botnia, y, sobre todo, no se detectaban concentraciones de sulfuro de hidrógeno, sustancia asociada al olor a “huevo podrido” vinculado con la industria de la celulosa. Con Botnia funcionando observamos concentraciones de sulfuro de hidrógeno, en varias ocasiones, por encima de los parámetros de detección de olor que indica la OMS, el mismo umbral que Uruguay estableció para su monitoreo de la pastera. En nueve meses de mediciones continuas encontramos que ese umbral de detección de olor fue superado en 78 días. Tuvimos episodios de olor, en el sector argentino, en casi una tercera parte de los días de monitoreo.

–¿Qué hicieron después de la detección de esos olores?

I. C.: –Evaluamos la posibilidad de atribuir la fuente del olor a Botnia. Entonces trabajamos con simulaciones matemáticas para analizar la dispersión de los contaminantes emitidos por la pastera en la atmósfera. Primero usamos un modelo sofisticado que representa el comportamiento de la atmósfera, utilizando clusters de varias computadoras que procesan la información en forma simultánea. Una vez que obtuvimos los datos en tres dimensiones, hicimos simulaciones con un modelo de dispersión, avalado por la Agencia de Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency), que muestra cómo los contaminantes se dispersan y diluyen en la atmósfera.

–¿Y qué demostraron con esos modelos?

I. C.: –Observamos que, efectivamente, en esas situaciones donde habíamos determinado olor en el sector argentino, los contaminantes provenían de la pastera porque la dirección del viento dominante era desde Uruguay hacia la Argentina. Mostramos cómo la pluma indicaba concentraciones por encima del umbral de detección de olor en gran parte del territorio argentino que, además, coincidían con los lugares denunciados por los vecinos de Gualeguaychú. Toda esta información se recopiló y se presentó como evidencia en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia.

–¿Cuándo finalizó la participación de la Facultad de Ciencias Exactas en el monitoreo del río Uruguay?

I. C.: –El convenio firmado entre la facultad y la Secretaría de Ambiente de la Nación tuvo dos años de duración, y finalizó el 30 de mayo de este año.

I. I.: –Seguimos monitoreando hasta esa fecha, incluso después del fallo de La Haya. Actualmente, nuestro grupo no está trabajando en el río.

–¿Hubo algún contacto posterior entre el Gobierno nacional y las autoridades de Exactas para avanzar en el plan integral de control?

I. C.: –Desde la Secretaría de Ambiente hubo un contacto con el doctor Jorge Aliaga, decano de la facultad, para pedirle una opinión experta sobre el plan integral de control que la Argentina le propuso a Uruguay. Tenemos entendido que hay voluntad para que los técnicos y especialistas que se involucraron en el monitoreo, continúen trabajando. El primer paso es que haya un acuerdo entre los dos países a nivel presidencial. Supongo que eso bajará después a los equipos técnicos. Creo que la intención es que sean científicos que conozcan sobre problemas ambientales los encargados de continuar el monitoreo y avanzar en este tema.

I. I.: –Simplemente, y como especialistas que estuvimos trabajando durante un tiempo extenso en el río Uruguay, nos pidieron un parecer sobre este proyecto de monitoreo conjunto para que opinemos sobre los distintos parámetros a medir, los diseños de muestreo. Todavía no nos dijeron si vamos a participar o no. Eso lo determinarán los organismos pertinentes en su momento. 

   

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JULIO DE 2010

ARGENTINA

 

EMPRESAS PETROLERAS CHINAS AVANZAN EN SALTA.
CONTINÚA LA VIOLENCIA EN ANDALGALÁ CONTRA LUCHADORES SOCIALES.
EL PELIGRO DEL RETORNO DE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN CÓRDOBA.
MARCHA DE COMUNIDADES MAPUCHE TEHUELCHE CONTRA LA MEGAMINERÍA.
CHACO: PRIMEROS DATOS OFICIALES POR CONTAMINACIÓN DE AGROTÓXICOS.
MUERTES LUEGO DE FUMIGACIONES EN PUERTOS SANTAFESINOS.

 

INTERNACIONALES

 

MAS DENUNCIAS CONTRA CHEVRON EN ECUADOR.
EN CHILE SE ESTÁ GESTIONANDO BLOQUEO FINANCIERO A PASCUA LAMA.

TRAGEDIA EN EL GOLFO DE MÉXICO.
EL PARLAMENTO EUROPEO EXIGIÓ LA PROHIBICIÓN TOTAL DEL CIANURO EN MINERíA.
PELIGRO DE CONTAMINACIÓN POR PROYECTO MINERO EN ESPAÑA.
LA EPA TOMA CARTAS EN EL ASUNTO PARA TERMINAR CON EL ENDOSULFÁN.
 

Fuente:

 

 

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 BLOQUE DE NOTICIAS ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA

 l Noticias l

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 BLOQUE DE NOTICIAS ARGENTINA E INTERNACIONALES

 

 

EMPRESAS PETROLERAS CHINAS AVANZAN EN SALTA.


ARGENTINA.

 

Criollos y comunidades wichi de la localidad salteña de Coronel Juan Solá (departamento Rivadavia) vienen denunciando atropellos por parte de las empresas petroleras de capitales chinos JHP y New Times Energy Corporation, asociadas a Maxipetrol-Petroleros de Occidente, perteneciente al empresario argentino Daniel Lalín. Desde mayo los habitantes del área (de más de 3 mil kilómetros cuadrados denominado Morillo y ofertada en una ronda licitatoria que encaró el gobierno provincial en 2006) ven la presencia de topadoras dispuestas a abrir picadas de 8 a 10 metros de ancho en sus territorios para realizar tareas de exploración sísmica.

Desde la aparición de las máquinas se han generado focos de tensión con los lugareños, especialmente con la empresa familiar de la región WICAP (subcontratista de la empresas chinas) para la primera etapa exploratoria: sísmica y perforación.
Una de los conflictos radica en la nula predisposición por tomar gente para efectuar tareas manuales, sino a través de máquinas. De esta forma se talarían los bosques de algarrobo, afectando a las familias de escasos recursos de la zona.
También hay problemas con la tenencia de la tierra. Las empresas, con la ayuda de infantería y con el amparo del Intendente, están desalojando familias enteras en las propiedades fiscales, sin notificación previa.
Además es notable la criminalización de la protesta, complicada con la nula recepción hacia los reclamos aborígenes en Tartagal.

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CONTINÚA LA VIOLENCIA EN ANDALGALÁ CONTRA LUCHADORES SOCIALES.


ARGENTINA.


Una vez más las fuerzas represivas han actuado contra pobladores de esta localidad catamarqueña. La nueva excusa es el procesamiento y búsqueda del docente Alejandro de las Cuevas luego de una orden del juez de Control de Garantías, Roberto Cecenarro. Y sin embargo De las Cuevas (a quien el gobierno provincial sindica como uruguayo pretendiendo aplicar una política de extranjería propia de los primeras décadas del Siglo XX en Argentina) no es prófugo de la justicia, luego de que la fiscal Marta Nieva le cambiara la carátula y de imputado pasara a ser testigo declarante.

Pero esto no acaba aquí. Con el pretexto de detenerlo, la policía allanó viviendas en forma indiscriminada y destruyó el campamento de El Algarrobo donde se reúnen los auto-convocados que se movilizan contra las explotaciones mineras a cielo abierto La Alumbrera y Agua Rica.
Esta política de criminalización de la protesta socio-ambiental no es nueva y no siempre tiene la repercusión que se merece (más allá del escándalo que ocurriera a mediados de febrero cuando miembros del grupo Kuntur y Gendarmería agredieron a integrantes de la Agrupación Vecinos por la Vida, lo que derivó en una poblada que provocó que se suspendiera en forma transitoria la actividad minera en la zona). Ésta no fue la primera agresión contra El Algarrobo.

El 25 de marzo de este año, cuatro de sus integrantes fueron detenidos mientras sólo inspeccionaban las roturas del mineroducto de Minera Alumbrera sobre el río de Villavil con un detector de metales pesados.
Queda claro que a la lucha por salvaguardar el agua en Catamarca se responde reprimiendo. Estas lamentables escenas suelen repetirse en distintos puntos del país, cada vez que surgen personas y movimientos dispuestos a dar batalla para no entregar nuestros recursos naturales a los megaproyectos predadores.

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EL PELIGRO DEL RETORNO DE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN CÓRDOBA.


ARGENTINA.

 

La ley provincial 9526 (poseedora de sólo seis artículos) fue aprobada el 24 de septiembre de 2008 sin votos en contra. Aunque no limita ni afecta actividades mineras, como canteras, cuarzo y áridos, esta ley protege las nacientes de agua, limita el uso de sustancias tóxicas en minería como el cianuro, el ácido sulfúrico y clorhídrico, etcétera, prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio). Las prohibiciones rigen inclusive para las minas concedidas, las cuales deben ser cerradas.
Sin embargo, el 4 de mayo de 2009, la Cámara Minera y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) apelaron la decisión.
Y más de un año después (18 de mayo de 2010) el Superior Tribunal de Justicia aceptó formalmente tratar el pedido de inconstitucionalidad, aunque no tiene plazos para expedirse.

Quienes impulsan la derogación de la ley afirman que tomaron la decisión por temor a que

se prohíba toda actividad minera en la provincia, además existiría una minería útil para el desarrollo del país, limpia, responsable. Sin embargo, la provincia de Córdoba cuenta con un grave acontecimiento de contaminación, a través del yacimiento Los Gigantes (a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz) el cual dejó un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de mineral desde la década de 1980, contaminando la cuenta del río San Antonio. Por lo tanto podemos decir que los temores por contaminación son fundados.

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MARCHA DE COMUNIDADES MAPUCHE TEHUELCHE CONTRA LA MEGAMINERÍA.


ARGENTINA.

 

El jueves 20 de mayo más de doscientos integrantes de distintas comunidades Mapuche-Tehuelche de Chubut se movilizaron a Rawson expresando su rechazo a la megaminería.
Participaron las comunidades Mapuche-Tehuelches de la Meseta central : Chacay Oeste y Laguna Fría, Mallin de los Cual, El Escorial, Lagunita Salada, Cerro Bayo, Gorro Frigio, Taquetren, Blancuntre, Yala-laubat, El Mirador, Sierras del Huancache y Los Pinos. Acompañaron esta presencia Comunidades y agrupaciones Mapuches urbanas de Puerto Madryn, Rawson, Gaiman y Trelew, el Foro Social Ambiental de las sedes Comodoro, Madryn y Trelew.
La concentración se realizó en adyacencias a la Legislatura Provincial. La marcha también pasó por el Superior Tribunal de Justicia. En cada punto se iba dejando un documento que expresa los reclamos por tierra y territorio, el respeto al derecho de participación y consulta y el rechazo a todo emprendimiento minero a cielo abierto. Finalmente se dirigieron a la Casa de Gobierno donde las Comunidades exigieron ser recibidas por el Gobernador Das Neves. Ante la respuesta negativa expresada por los mensajeros del gobierno provincial, todos los presentes decidieron permanecer en el lugar donde se les ofrecieron audiencias alternativas con otros funcionarios de menor rango. Los manifestantes decidieron esperar que el gobernador en persona los reciba. Pero luego de varias horas de espera se retiraron y denunciaron la actitud del Gobernador, considerándola de vergonzosa y disc riminatoria.
 

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CHACO: PRIMEROS DATOS OFICIALES POR CONTAMINACIÓN DE AGROTÓXICOS.


ARGENTINA.

 

Debido al pedido de estudios, el 9 de diciembre de 2009, el gobierno del Chaco creó por decreto la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua. En él también participaron el Ministerio de Salud Pública, la Administración Provincial del Agua (APA), el Ministerio de Salud de Nación, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Ministerio de Producción. Su fin: estudiar, coordinar y conducir las acciones para garantizar y optimizar la contaminación de arsénico, agroquímicos y otros.
Ahora, acaban de aparecer los primeros resultados, convirtiéndose Chaco en la primera provincia que aporta estadísticas sanitarias vinculadas con zonas con uso intensivo de agroquímicos. Según los datos del informe, que corresponden a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 %. (17 casos por mes en la provincia).

Los casos de cáncer se focalizan en La Leonesa, una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia, que se convirtió en la última década en el epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas (glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos) en las plantaciones de arroz.
Los datos alarman y llaman la atención la coincidencia de estos datos con la expansión de la frontera agrícola, que posee al glifosato como uno de sus productos estrella. Mientras que la media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100.000 niños en La Leonesa el registro llega a 20,2. Además, entre 1990-99 se registró un promedio de 0,2 casos por año, pero entre 2000-2009 se contabilizaron 0,6 casos por año. En virtud de los datos, la Comisión investigadora solicitó que se tomen medidas precautorias en La Leonesa hasta que se realice un estudio de impacto ambiental.
En lo que atañe a las malformaciones, también se observa un crecimiento en los valores. Si en el período 1997-98, hubo en Chaco 24.030 nacimientos, de los cuales se contabilizaron 46 malformaciones, entre 2008-09 se registraron menos nacimientos (21.808) pero se multiplicaron las malformaciones: 186 casos. Por lo tanto se pasó de un índice de 19,1 por cada 10.000 nacidos a 85,3.
La comisión informó que está elaborando un segundo informe que aportará estadísticas oficiales sobre el geométrico incremento, en zonas con uso de agroquímicos, de los embarazos que no llegan a término por abortos espontáneos, el aumento de problemas reproductivos en adultos y crecimiento exponencial de cáncer de mamas. Aunque no posee fecha definida para entregarlo a las autoridades, alertaron sobre la posibilidad de intromisiones en el trabajo de la Comisión.
También pedirán que se amplíen los análisis a otras seis localidades que estarían en las mismas condiciones: Gancedo, Napenay, Santa Sylvina, Tres Isletas, Avia Terai y Colonia Elisa.

 

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MUERTES LUEGO DE FUMIGACIONES EN PUERTOS SANTAFESINOS.


ARGENTINA.

 

El 30 de abril, Iván Podevils (28 años) oriundo de la localidad de Clusellas que trabajaba para la empresa Bunge conduciendo camiones con grano hasta el Puerto San Lorenzo llegó a su punto de destino (más precisamente en la Playa San Miguel perteneciente a dicho puerto). Era su último viaje porque había dicho que dejaba el camión, al estar lejos de su familia. Transportaba 25 mil kilos de soja.
Sin embargo le informaron que el cereal que traía poseía insectos y que había que fumigar la carga antes de descargarla. Dicen que mientras Iván permanecía en el interior de la cabina del camión echaron “fósforo de aluminio”.
Minutos después se descompuso, al acercarse al puesto del supervisor, cayó y empezó a tener convulsiones. Si bien sus compañeros llamaron una ambulancia, cuando ésta llegó, Iván estaba muerto.
El padre de Iván comentó en “La Voz de San Justo” que la forense encargada de la autopsia le informó jamás había visto un caso similar, ya que tenía todos los órganos desintegrados como si hubiera sufrido una caída desde un décimo piso.

Los camioneros (también de Bunge) realizaron una protesta. Declararon que no es la primera vez que sucede. Denunciaron que los obligan a fumigar los camiones, les reparten comida y deben dormir en los mismos camiones fumigados.
Días después, el 7 de mayo, trascendió la existencia de un caso similar. Un camionero, oriundo de Los Quirquinchos, había sido internado, luego de descompensarse en su camión, en Puerto General San Martín con todas las características de padecer una intoxicación por plaguicidas. También pertenece al grupo Bunge. Pero las intoxicaciones continuaron.
El 11 de mayo, Víctor Hugo Gaite, de 49 años, oriundo de Correa, provincia de Santa Fe, fue encontrado sin vida en el interior de su vehículo, en playa Nidera, también en Puerto General San Martín. Había estado esperando su turno para descargar y el camión también fue fumigado.
Finalmente, el 15 de junio, Raúl Tentella (57 años), oriundo de la localidad cordobesa de Arias, falleció luego que su camión también fuera fumigado, mientras permanecía en él.
Luego de la segunda muerte Ovidio Rodríguez, titular de Transportistas Rurales Argentinos, denunció que se arrojan cuatro pastillas de Potosin (sulfuro de aluminio) por cada una de las cuatro boquillas que tiene el camión, más otras seis boquillas del acoplado más un calador especial que permite colocarlas en el piso de la carga. Sin embargo no se hace nada porque las multinacionales son muy poderosas.
También recordó que en el 2009 desde General Lagos hasta el extremo de Puerto San Martín hubo cuatro camioneros muertos por la intoxicación con agrotóxicos.
 

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AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO.  MAS DENUNCIAS CONTRA CHEVRON EN ECUADOR.
 


Se van sumando las pruebas contra la transnacional estadounidense Chevron en el caso por contaminación ambiental en Ecuador abierto hace 17 años.
Ahora se presentaron en la Fiscalía evidencias que muestran que la empresa manipuló pruebas que la librarían de la demanda por contaminación ambiental, así como evidencia para involucrar al Estado ecuatoriano en esta demanda.
Las evidencias las aportó Santiago Escobar, sustentadas en seis horas de grabaciones de audio y 25 páginas de conversaciones de chat, con su amigo de la infancia Diego Fernando Borja Sánchez, quien habría sido funcionario de Chevron-Texaco. En las conversaciones Borja cuenta los actos de corrupción de la petrolera.
Borja Sánchez revela en las conversaciones que Chevron lo contrató para constituir cuatro empresas con el fin de que su trabajo para la petrolera apareciera como independiente, además de gestionar las muestras de contaminación a un laboratorio perteneciente a la transnacional.
Con esta acción se ponía en riesgo al Estado ecuatoriano como tal, pues la petrolera planteó el 23 de septiembre de 2009 un arbitraje internacional en La Haya por supuesta injerencia política en el juicio que se lleva en Sucumbíos, alegando que los jueces actuarían desde el poder político y no desde lo jurídico. Sin embargo, los datos sacados a la luz demostrarían lo contrario. La manipulación la lleva a cabo Chevron.
Aunque la denuncia de Escobar incide muy poco en el juicio de Sucumbíos al estar casi cerrado, al menos ayuda a establecer hechos y a defender al país en los tribunales arbitrales internacionales.

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EN CHILE SE ESTÁ GESTIONANDO BLOQUEO FINANCIERO A PASCUA LAMA.

 

El martes 11 de mayo, Fred P. Hochberg, presidente del Banco Exportación-Importación de los EEUU (ExIm), una agencia de crédito para la exportación oficial de Estados Unidos, recibió una carta en la que diversas organizaciones chilenas y estadounidenses contrarias a la ejecución de Pascua Lama, solicitaban que la institución no respalde el proyecto debido al conflicto ambiental y social que generará en la tercera región.

La iniciativa surge luego que la agencia recibió una petición de crédito para financiar el megaproyecto minero binacional. Ante el peso comunicacional y publicitario de Barrick Gold, las organizaciones chilenas decidieron dar a conocer el punto de vista de la sociedad civil, en forma muy bien documentada, teniendo en cuenta que la decisión de la entidad norteamericana compromete los dineros de la ciudadanía de dicho país y está supeditada a la voluntad del Congreso. En pocas palabras, la ciudadanía norteamericana tendrá argumentos para fiscalizar en forma eficiente el accionar de esta agencia pública, al conocerse el historial de quienes le piden dinero, en una clara estrategia., además, de extender la presión hacia otros rincones del planeta.
En la carta se informa sobre el deterioro institucional (a través de los diversos mecanismos

 esgrimidos por la empresa para burlar la ley medio ambiental), la promoción de la corrupción (ocurrida en el proceso de evaluación del proyecto), el atropello a los derechos humanos y el daño irreversible a los glaciares que provocó la presencia de Barrick Gold en Chile.
Mientras tanto, las organizaciones esperarán la respuesta de la agencia.

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TRAGEDIA EN EL GOLFO DE MÉXICO.

 

Deepwater Horizon era una plataforma petrolera ubicada en el Golfo de México. Era propiedad de Transocean y había sido arrendado a British Petroleum (BP) hasta el 2013. Unos meses antes (septiembre de 2009) había perforado el pozo petrolero más profundo de la historia. El 20 de abril de 2010 sufrió una explosión en la torre, provocando un incendio. Algunas informaciones aseguran que luego de la explosión y el incendio, once personas desaparecieron. Dos días después se hundió originando uno de los derrames de petróleo más importantes de la historia.

Hasta el momento las cifras son dispares pero mientras algunos dicen que se están derramando 680 toneladas diarias de petróleo, otros afirman que la cifra es de 11.600.
Greenpeace advirtió que hasta mediados de mayo la cantidad de líquido vertido podría duplicar la cantidad total de crudo derramado por el buque 'Prestige' frente a las costas de Galicia en el año 2002. Todavía a mediados de junio, todos los intentos por sellar la fuga fracasaron.
Por supuesto que se teme por el futuro de los ecosistemas circundantes, ni siquiera con los productos utilizados para paliar probablemente el derrame. De hecho la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) determinó que los químicos diluyentes que usados por BP (2,5 millones de litros de Corexit durante el primer mes del vertido), no son seguros para la fauna marina.
En los primeros días comenzaron los reportes de fauna afectada: aparecieron tortugas, delfines y varias especies de aves marinas muertas o atontadas en el área de las marismas de la desembocadura y el delta del Mississippi.
Los daños al negocio de la pesca y el camarón en el área de Luisiana se estiman en cifras millonarias al igual que los previstos en el sector turístico de playas de Florida y Cuba.

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EL PARLAMENTO EUROPEO EXIGIÓ LA PROHIBICIÓN TOTAL DEL CIANURO EN MINERIA.

 

El 5 de mayo de 2010 el plenario del Parlamento Europeo reunido en Bruselas, Bélgica, aprobó una resolución en la que pide una prohibición total del uso de cianuro en la minería europea antes del fin de 2011. El fin de la resolución es proteger los recursos hídricos y la biodiversidad.
El texto fue aprobado con 488 votos a favor, 48 en contra y 57 abstenciones y entre otras fuentes se basa en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de junio de 1992.
A través del mismo se reclama a la Comisión Europea que proponga esa medida y elimine cualquier apoyo directo o indirecto a proyectos mineros que supongan el uso de cianuro.
Pero no fue la única medida adoptada. Los miembros del Parlamento exigieron al Poder Ejecutivo comunitario que apoye la reconversión de las zonas donde siga presente la minería a cielo abierto y que se apoyen financieramente industrias ecológicas, energías renovables y el turismo.
Por último, los eurodiputados reclamaron que se enmiende la actual legislación sobre la gestión de residuos procedentes de las industrias de extracción. De esta forma, las compañías estarían obligadas a contratar seguros que cubran las compensaciones por

posibles accidentes o problemas en el funcionamiento que generen contaminación.

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PELIGRO DE CONTAMINACIÓN POR PROYECTO MINERO EN ESPAÑA.
 

Otra buena noticia proviene desde el Viejo Continente como la detallada más arriba. A principios de junio se reveló que la Comisión Europea (CE) propondrá para el mes siguiente una modificación en las reglas europeas que dará más libertad a los países que quieran vetar los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Los trámites están siendo llevados a cabo por John Dalli, comisario europeo de Sanidad. Hasta el momento seis países de la Unión Europea (UE) han aplicado salvaguardas contra el cultivo de transgénicos: Francia, Grecia, Alemania, Luxemburgo, Austria y Hungría. Por su parte, España es el país con más superficie de transgénicos.
Los documentos trabajados por la CE, se dividen en dos partes:
a) Recomendaciones sobre las reglas de coexistencia de OGM con otros tipos de agricultura.
b) Un proyecto con consecuencias legales, que daría a los países más flexibilidad para vetar la plantación de transgénicos.

Con el cambio en la ley, se facilitará que un país rechace un OGM, porque en ese supuesto la CE no podrá actuar contra él, como ocurre en la actualidad.
También se está trabajando un proyecto acerca de la coexistencia o compatibilidad entre transgénicos y otras producciones. Este proyecto no es vinculante y plantea que cada país también disponga de más autonomía. Por lo tanto, habría más libertad a la hora de decidir sobre distancias entre campos de OGM y de otros tipos de cultivo y cada región o país fijaría sus propios límites.
Según algunas organizaciones como Amigos de la Tierra es una buena noticia pero es importante mantener la cautela pues con este proyecto los países que quieran prohibir cultivos de OGM podrían hacerlo, pero también podrían abrir sus puertas aquellos favorables a producirlos. También consideraron que Bruselas debería reforzar su proyecto para evitar la contaminación cruzada de OGM y asegurar que las industrias paguen cualquier daño que resulte del cultivo de transgénicos.

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LA EPA TOMA CARTAS EN EL ASUNTO PARA TERMINAR CON EL ENDOSULFÁN EN EE UU.

 

Finalmente la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) anunció que tomará medidas para terminar con todos los usos del insecticida endosulfán en los Estados Unidos, un insecticida organoclorado matriculado por primera vez en la década de 1950, luego de años de presión de organizaciones ambientalistas a través de diversas acciones. Por ejemplo, en agosto de 2008 la Pesticide Action Network North America (PANNA) y Natural Resources Defense Council (NRDC) había enviado una carta a la EPA solicitando que se revoquen todas las tolerancias de la EPA para este plaguicida. En la carta se incluía una petición firmada en febrero de ese mismo año por 13.300 personas de todo el país.
El 19 de mayo 2008 se envió otra petición, esta vez firmada por 111 grupos ecologistas sin fines de lucro, 55 científicos, y 5 coaliciones de grupos indígenas.
Por último el 24 de julio de 2008 se presentó una demanda en nombre de grupos ambientalistas y de trabajadores agrícolas donde se cita una grave omisión por parte de la EPA al no tener en cuenta un estudio de 2007 que encontró que los niños expuestos al endosulfán en el primer trimestre del embarazo tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar trastornos del espectro autista.

Además, numerosos estudios encontraron endosulfán en los suministros de alimentos, agua potable, y en los tejidos y la leche materna de las madres embarazadas.
En agosto del año pasado Bayer había anunciado que iba a detener la venta de endosulfán para el año 2010, sustituyéndolo por otras alternativas.
 

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